La abogada y académica de la Universidad de Tarapacá (UTA), Marcela Tapia destacó las variaciones que han existido en la región, respecto del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, afirmando que “Tarapacá tiene la tasa más alta a nivel nacional, pero, además, desde el año 2018 al 2023 ha reportado una participación, en el 100%, de víctimas extranjeras”.
La aseveración se dio en el contexto del seminario “Contrabando, comercio ilegal y crimen organizado: la mirada económica y legal en Tarapacá”, organizado en conjunto por la Facultad de Administración y Economía de la UTA y el proyecto FIC, Centro de Microdatos de Tarapacá (CEMIT), financiado por Gobierno Regional de Tarapacá.
Tapia, añadió que “esto quiere decir que la oportunidad, en cuanto a la marginalidad y la vulnerabilidad, ha incidido en el asentamiento de determinados mercados y respecto a estos grupos de especial protección, como por ejemplo las migraciones que se han dado en contexto forzado, lo hace especialmente vulnerable y ser susceptible de víctimas de este tipo de delito”.
En su exposición “Dinámica del Crimen Organizado en la Macrozona Norte”, además expuso la comprensión del crimen organizado desde una perspectiva del fenómeno en clave empresarial, “esto facilita la correcta identificación de las cadenas de servicios, las ventajas competitivas, y por cierto el rol que van teniendo las personas que integran esta estructura y este plan criminal, lo que permite despejar correctamente las distintas hipótesis a nivel jurídico de participación y de tipología penal”.
Desde esa perspectiva, en su explicación, comentó las dinámicas que han tenido los principales negocios criminales en la macrozona norte, “destacando la mayor concentración de negocios vinculados al tráfico de droga, la trata de personas, tráfico de migrantes y el robo de vehículos, donde este último ha fortalecido el financiamiento para las actividades ilícitas”.
REGIÓN LIDERA TRÁFICO
En relación con el delito de tráfico de droga, la tendencia ha sido en los últimos cinco años, en la Región de Tarapacá, posicionarse en el primer lugar. “Esto quiere decir que Tarapacá casi cuatriplica la tasa nacional respecto de denuncias vinculadas a este delito por cada 100 mil habitantes. Esto se replica con las regiones vecinas, y quiere decir que efectivamente el componente territorial tiene una correlación en relación con los datos, toda vez que Tarapacá y sus fronteras se sitúan como una puerta de entrada, acopio, pero también el traslado de estas sustancias a otras partes de la región”, indicó la abogada y docente.
Por su parte, la también académica de la UTA, Dra. Romina Ramos, en su exposición “Las zonas grises del tráfico ilícito de migrantes en Chile”, cree que “es relevante la escasa efectividad que tiene la ley, en torno a la persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes. Hay que trabajar, a nivel también institucional, para mejorar en esa efectividad en términos de persecución penal”.
Es por lo anterior que cree que se deben discutir, los términos normativos del tipo penal. “Han pasado trece años de la promulgación de la Ley (N.º 20.507) sobre Tráfico y Trata de personas, y la complejidad criminal, sobre todo en el marco de los nuevos procesos digitales. En fin, sin duda en trece años la situación ha cambiado. Creo que se debe revisar la ley, no desde una perspectiva de populismo penal o punitivo, sino más bien de una perspectiva de poner los acentos en los factores que hemos identificado con la evidencia que hemos levantado, no me refiero solo a la UTA, sino que probablemente en otras universidades que permitan tomar decisiones de largo aliento, que no sean decisiones coyunturales, porque en definitiva tampoco aportan a que trabajemos para disminuir los indicadores de complejidad criminal o de crimen organizado”, sentenció la Dra. Ramos.
El académico de la UTA y director del CEMIT, Dr. Iván Valdés, expresó “valoro las exposiciones de nuestras colegas de la universidad, que fortalecen el diagnóstico que apunta a que las fronteras de la Región de Tarapacá permiten toda clase de flujo mercancías y personas, lo que pone una fuerte presión a las autoridades regionales y locales para destinar recursos a la investigación avanzada de estos fenómenos, que abarca desde el ámbito de la generación de información fina hasta medios para combatirlos”.
De hecho, Valdés indicó que “el desarrollo regional, de sus mercados -principalmente asociado a los usuarios de Zofri-, pero sobre todo, el éxito del Corredor de Capricornio que se proyecta comenzará a operar en los próximos años, incluyendo esta región, depende fuertemente de las capacidades regionales para controlar el contrabando, el comercio ilegal, y las corrientes migratorias observadas en los últimos años”.
En ese sentido, destacó que “es necesario dar un salto cualitativo y cuantitativo en el control del tráfico de mercancías especialmente hacia y desde Bolivia y Paraguay (especialmente cigarrillos, vestuario y licores), lo que dará confianza a importadores y exportadores brasileños a utilizar nuestras carreteras como medio para sacar sus productos al exterior”.
GALERÍA FOTOGRÁFICA